Garantías para empresarios y trabajadores en el ámbito de la Seguridad Social. Las impugnaciones en vía administrativa y ante la jurisdicción… ¿social o contenciosa?

La Administración de la Seguridad Social se relaciona con los empresarios y trabajadores fundamentalmente a través de su servicio común de la Tesorería General de la Seguridad Social (en materias tales como los actos de encuadramiento, cotización y recaudación de cuotas) y de sus entidades gestoras, principalmente, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en relación con el reconocimiento, gestión y pago de las prestaciones). Al tratarse de administraciones públicas con carácter de organismos autónomos sui generis deben ajustar sus normas de actuación a los procedimientos establecidos en la normativa específica así como a los requisitos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).

Como garantía del cumplimiento de las citadas exigencias se articulan para los interesados los típicos medios de impugnación de los actos y resoluciones dictados por dichas entidades, pero también, otros específicos. En este sentido, el propio artículo 129 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, remite a la LPAC en relación con la “tramitación de las prestaciones y demás actos en materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, que no tengan carácter recaudatorio o sancionador (…) con las especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a impugnación y revisión de oficio, así como con las establecidas en este capítulo o en otras disposiciones que resulten de aplicación).

Una particularidad que la Administración de la Seguridad Social presenta en cuanto a la impugnación de dichos actos para agotar la vía administrativa previa antes de proceder a la reclamación judicial es que deberá realizarse por distintas vías en función de si el acto objeto de impugnación va a ser conocido por la jurisdicción contenciosa o la social:

En primer supuesto -vía contenciosa-, en caso de no haberse agotado la vía administrativa podremos remitirnos a los recursos ordinarios previstos en la LPAC (alzada, potestativo de reposición o extraordinario de revisión) sin perjuicio de que su desestimación expresa o tácita nos abra la puerta a la vía contenciosa. Agotada la vía contenciosa cabe recurrir directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En el segundo supuesto -vía social- debemos distinguir si se trata de actos prestacionales o no. En caso de que sean prestacionales, será preciso interponer una reclamación administrativa previa ante la entidad gestora que hubiera dictado el acto (ex. art. 71 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, el cual circunscribe este instrumento únicamente a los actos prestacionales) y, en caso de desestimación de la misma podrá interponerse la demanda correspondiente ante el juzgado de lo social competente; si bien, el resto de actos con contenido no prestacional sí exigen la utilización de los recursos administrativos ordinarios, sin perjuicio de que tras la eventual desestimación puedan ser objeto de impugnación ante la jurisdicción social.

 

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