OLVIDAD EL DERECHO AL OLVIDO – La Audiencia Pública del Consejo Asesor de Google en España

Ayer se celebró en la Casa de América (Madrid), la primera Audiencia Pública del Consejo Asesor de Google, donde un grupo de expertos españoles pudieron expresar al Consejo sus opiniones y propuestas acerca del alcance y efectos de la Sentencia de 13 de mayo de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se determinó la responsabilidad de los «buscadores» en relación con el tratamiento de los datos reflejados en los enlaces que aparecen en sus páginas al introducir el nombre y apellidos de una determinada persona y de su obligación de adoptar los procedimientos oportunos para garantizar «el derecho al olvido».

La controversia: Elemental. Intereses particulares vs. intereses generales. Derecho a la privacidad vs. derecho a la información.

La solución: Compleja. Lograr el justo equilibrio en la protección del interés legítimo de los internautas y los derechos fundamentales de la persona afectada.

Y es que tras el fallo, los buscadores asumieron la obligación de atender las solicitudes de quienes piden que determinados enlaces vinculados a su nombre y apellidos en una lista de resultados, no aparezcan en los mismos; lo que los buscadores deberán resolver teniendo en cuenta la naturaleza de la información, el carácter sensible para la persona afectada y el interés público de disponer de esa información.

Pero, ¡atención!, no debe pasarse por alto que la desaparición del enlace en el buscador no supone la desaparición de la información en la red, puesto que la misma se mantiene en las fuentes. Por tanto, los verdaderamente interesados en la información retirada de los buscadores, cuyo interés, definitivamente, va más allá del «gossip», podrán seguir accediendo a dicha información sólo con acceder a las fuentes. Sí, ha de reconocerse que de este modo se dificulta el acceso inmediato a determinados contenidos, pero no es más que eso: se dificulta el acceso INMEDIATO a determinados contenidos.

No creo que la aplicación de la Sentencia choque contra el principio de transparencia ni que limite el derecho a la información y a la libertad de expresión o que suponga un control excesivo de la información. Y, por supuesto, tampoco creo que la eliminación de estos enlaces pueda provocar una distorsión de la historia, tal y como ayer fue afirmado por alguno de los expertos. Y así lo creo, por un lado, porque el sentido de la Sentencia y el marco jurídico en el que ésta se fundamenta están orientados, primordialmente, a la protección de información sensible e irrelevante para terceros de las personas privadas, como demostrará la casuística. Se trata de una información que, por razones concretas, carece de la calidad suficiente como para que pueda prevalecer el interés general sobre el derecho a la privacidad del particular anónimo y por lo tanto, ninguno de los derechos anteriores podrá verse conculcado. Por otro, porque en la Sentencia y en la normativa actual existen criterios para determinar la prevalencia de un interés sobre otro y, sobretodo, porque ante un eventual caso de “interesado insatisfecho”, tal y como apuntaba ayer el Magistrado Murillo de la Cueva, el/los afectado/s podrá/n acudir a la Agencia Española de Protección de Datos y posteriormente a los Tribunales en defensa de su supuesto derecho afectado.

Se habló, entre otros asuntos, sobre la dificultad que entraña determinar la calidad de los datos; sobre el papel de los editores, destacando la falta de alusión en la Sentencia a los mismos; sobre las consecuencias de la cancelación de los enlaces en relación con el derecho a mantener la información y sobre la necesidad de crear una normativa específica para los buscadores. Se hizo hincapié en la falta de consideración en la Sentencia a los diferentes agentes y en el hecho de haber dotado al buscador de un poder inadecuado, teniendo en cuenta su naturaleza y sus propios (y legítimos) intereses empresariales.

En cuanto a la finalidad última de la Audiencia Pública, que es, ayudar al Consejo Asesor de Google a encontrar los criterios adecuados para resolver las solicitudes de supresión de enlaces garantizando el justo equilibrio entre los intereses de unos y otros, hubo alguna propuesta concreta. Por ejemplo, uno de los ponentes propuso a Google que ofrezca a quienes ejercen su derecho a la supresión del enlace una solución consensuada que consistiría en el traslado del enlace a páginas posteriores, de manera de que Google pudiera ejercer su actividad de forma menos lesiva y el interesado viera satisfecha su pretensión de no verse ni ser visto en las primeras páginas del buscador y, otro, propuso la creación una organización de cooperación entre los buscadores y las agencias estatales de protección de datos personales, que pudiera garantizar el justo equilibrio y la objetividad de las decisiones de supresión de los enlaces.

Por último, señalar que mi sensación tras la Audiencia de ayer es que la expresión «derecho al olvido» no me gusta. No se trata de olvidar sino de dificultar el acceso incondicionado a informaciones irrelevantes y obsoletas de las personas privadas.

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La “novedosa” Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

    transparencia Con fecha de 10 de diciembre de 2013 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta Ley, por muchos anunciada y por otros tantos esperada, se aprueba como respuesta a las más que razonadas peticiones, por parte de la ciudadanía, de que se crearan los mecanismos necesarios para facilitar el conocimiento a los ciudadanos de las actividades financieras de las Administraciones Públicas, de sus órganos de gobierno, de los partidos políticos y de todas aquellas estructuras y entidades financiadas en todo, o en parte, con dinero público. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. El propio preámbulo de esta nueva Ley determina las metas y los objetivos con que ha sido aprobada, haciendo hincapié en el triple alcance que la misma pretende afrontar. Por un lado, -explica el preámbulo- esta Ley «incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública». Por otro lado, «reconoce y garantiza el acceso a la información» y por último «establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento».

Grandes pretensiones. Cuatro páginas y media de justificaciones. Tres Títulos: Transparencia de la actividad pública y buen gobierno. Y, cómo no, la creación de una nueva estructura repleta Consejeros (personas que dan consejos) que integrarán el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ocho disposiciones adicionales y nueve finales. Et voilá.

     Muchas dudas. Otros tantos nuevos cargos. ¿Y sus retribuciones? Nuevas estructuras. Más descentralización de competencias. El nuevo procedimiento administrativo para EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Un nuevo procedimiento disciplinario.

         Y todo esto… ¿en cuánto tiempo?

       En la Disposición Final Novena se establece un plazo escalonado, asimétrico y nada claro sobre su entrada en vigor. Así, se prevé que las disposiciones recogidas en su Título II sobre el “Buen gobierno” entrarían en vigor al día siguiente de su publicación. O sea, el miércoles 11 de diciembre de 2013. Y, su título preliminar, el título I y el título III al año de su publicación. Asimismo, en esta misma disposición se establece un plazo de dos años para que los órganos de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales se adapten a las obligaciones contenidas en la Ley.

         Lo primero que llama la atención y, lo reconozco, en sentido positivo, es el amplio ámbito subjetivo al que es aplicable el Título I de la Ley que afecta, entre otros, a las Administraciones Públicas territoriales del Estado, sus organismos autónomos, agencias, corporaciones de Derecho Público,  la Casa de su Majestad el Rey, todos los órganos de representación política del Estado, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, Universidades Públicas y otras entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, fundaciones del sector público etc. Y el golpe de efecto. Las disposiciones de este primer título, que recuerdo se denomina “transparencia de la actividad pública”, también deberán ser observadas por los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y por aquellas entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 €. Sin embargo, este extenso ámbito subjetivo va disminuyendo conforme se va avanzando en los títulos.

       Son muchas las cuestiones aparentemente novedosas que podemos encontrar en la cuarentena de artículos y en el puñado de disposiciones que conforman esta Ley y, serán muchas las ocasiones en las que tendremos la necesidad de acudir a ellas, para su estudio y/o invocación. Si bien, siendo fiel a la línea que este blog pretende marcar, es de recibo que en sucesivas entradas se aborden cuestiones tales como el procedimiento establecido en esta Ley para el ejercicio del derecho de acceso por los ciudadanos a la información pública y el particular régimen de impugnaciones, el Law Appeals, recogido en su artículo 23.