LA INCIDENCIA DEL COMPLIANCE EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS

Para el cumplimiento de los objetivos para Europa 2020 promovidos por la Comisión Europea, los Estados Miembros de la UE tienen la responsabilidad de promover políticas dirigidas a la implementación del empleo, la investigación y el desarrollo, el cambio climático y la sostenibilidad energética, la educación y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Objetivos, que si asimiláramos la Unión Europea a una empresa privada, constituirían la esencia de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y cuya materialización permitiría considerar a la UE como ERS (Empresa Socialmente Responsable) o, en términos más específicos, una CRS (Comunidad Socialmente Responsable).

Pero más allá de trabalenguas conceptuales que sin una actividad real que los ampare no llevan a ningún sitio, el objetivo de esta entrada es analizar la importancia del compliance para una empresa a la hora de participar en las licitaciones promovidas por las Administraciones Públicas.

El compliance, para los legos en estos anglicismos, tal y como explica el Profesor D. Antonio Argadoña, constituye «un instrumento» al servicio de la empresa para logar los objetivos de la responsabilidad social adquirida por la misma. Su traducción al castellano es «cumplimiento regulatorio» y lo conforman las estrategias y medidas concretas que se adoptan para ello.

En este sentido y en la misma línea que la defendida por @EnekoDelgado en el #VCongresoIAB, la figura del abogado in house perteneciente al departamento de cumplimiento regulatorio (Legal Compliance) muestra su cara más amable, ofreciendo soluciones preventivas a través de buenas prácticas y medidas concretas tendentes a evitar incumplimientos legislativos en materia fiscal, socio-laboral, medio-ambiental, humanitaria, digital, etc. Lo que, en definitiva, no sólo incide en su reputación sino también en su consolidación en el mercado como ESR, preocupada y comprometida con la sociedad.      

Cuando en el año 2004 fueron aprobadas las Directivas comunitarias en materia de contratación pública, recientemente derogadas por la Directiva 2014/23/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión; la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación de entidades que operan en los sectores del agua, la energía, transportes y los servicios postales, fue la primera vez que en normas sobre contratación pública fue recogida la cláusula social como requisito que podían exigir las entidades contratantes para la adjudicación de sus contratos.  El concepto de cláusula social, al principio identificado únicamente como un criterio de carácter medio ambiental, ha sido fruto de una constante evolución gracias a la jurisprudencia del TJUE cada vez más a favor de su ampliación conceptual y a la reciente tendencia de algunas entidades públicas de utilizar las cláusulas sociales como instrumento para el fomento de sus políticas públicas.

Como consecuencia, cada vez son más los pliegos que exigen a las empresas licitadoras que cuenten con planes de empresa y/o con medidas para la ejecución de los contratos objeto de adjudicación, dirigidas a proteger a las personas en riesgo de exclusión social, a garantizar el respeto de los Derechos Humanos por todas las partes que pudieran intervenir en los procesos de producción, al establecimiento de planes de igualdad en el seno de la empresa, a fomentar la transparencia y el cumplimiento con sus obligaciones tributarias, etc. Es decir, medidas que cualquier empresa que cuente con un buen Legal Compliance ya ha adoptado y que por lo tanto, no constituyen para la empresa licitadora una carga o un esfuerzo añadido a la hora de concurrir a las licitaciones, sino todo lo contrario, aportan un valor añadido a sus propuestas y son la clave del éxito para su adjudicación.

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Otros Asuntillos I: “Nuevas tendencias para los abogados in house: Auditorías de Derechos Humanos”

Nuevas tendencias para los abogados in house: Auditorías de Derechos Humanos

        Hace ya casi medio siglo que los primeros autores extranjeros comenzaron a hablar sobre la necesidad de renovar el concepto de auditoría, no siendo hasta los principios de los años noventa cuando nuestro país empezó a hacerse eco de aquellas tendencias. El concepto de auditoría evolucionó a través de la ampliación y diversificación su objeto. De un único tipo de auditoría –la auditoría financiera-, basado en el análisis de la gestión económica de las empresas, surgieron otros, como las auditorías estratégicas, auditorías socio-laborales, auditorías legales e incluso las auditorías de responsabilidad social corporativa (en adelante RSC).

     Consecuencia de la constante evolución de la economía global, hoy en día las grandes empresas buscan implementar sus nuevos proyectos en el ámbito internacional a través de relaciones inter-empresariales, lo que inevitablemente conlleva la convergencia de diversos ordenamientos jurídicos y la necesaria aplicación del Derecho Internacional para arbitrar sus relaciones.

     En este contexto, John Ruggie, en el año 2011 presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas un informe denominado «Principios Rectores sobre empresas y los derechos humanos: puesta en práctica en el marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar». Los que popularmente han pasado a denominarse «Principios Ruggie». El cumplimiento estricto de estos principios, no sólo por las grandes compañías sino también en las PYMES –que cada vez más tienden a la internacionalización de sus relaciones-, garantizará que tanto las actividades realizadas por las empresas ad intra como las realizadas con la participación de otras empresas se desarrollen con las garantías mínimas de humanidad.

        Distintos sectores de la abogacía nacional e internacional se han propuesto dar a conocer estos principios, con el objetivo de afianzar en el seno de las políticas de responsabilidad corporativa de todas las empresas el cumplimiento de los Derechos Humanos en todas sus manifestaciones. Sobre la incidencia de las actuaciones de los abogados en la sostenibilidad de la empresa en materia de DDHH, resulta especialmente interesante la aportación realizada por POMBO MORALES, C. y OVEJERO PUENTE, A.M[1] en cuanto a las nuevas responsabilidades del abogado in house. Señalan que, los abogados deberían centrar una parte de su actividad en incentivar que en las acciones de RSC de la empresa se integre la gestión de los Derechos Humanos; y ello lo conseguirán «(…) si en cada una de las decisiones empresariales que deben adoptarse, ya sean organizativas, estratégicas, laborales, estructurales, o de expansión, se incorpora una visión que supere los límites de las legislaciones nacionales y de los distintos niveles de implementación nacional de los Tratados, y se aplican en la acción mercantil de la empresa criterios internacionales de equidad y dignidad, basados en el respeto a los Derechos Humanos (…)».

    Así las cosas, estamos en los albores de nuevo tipo de auditoría –lamentablemente voluntaria-: la auditoría de Derechos Humanos. Una auditoría que, por su naturaleza, sólo debería poder ser realizada por abogados expertos en Derechos Humanos; cuyos principios son meridianamente claros y están perfectamente definidos; y cuya aplicación práctica (esperemos que más pronto que tarde) garantizará un modelo de negocio comprometido y defensor de los Derechos Humanos.

                  

[1] OVEJERO PUENTE, A.M. y POMBO MORALES,  “Capítulo 24. Derechos Humanos y Empresas. El papel de los abogados de empresa”, en AAVV. España y la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos: Oportunidades y Desafíos (extracto proporcionado por la FUNDACIÓN FERNANDO POMBO), 2014