El déficit público y su financiación para “Dummies”

Cuando hablamos de déficit público nos referirnos a la situación económica de un Estado en relación con sus gastos e ingresos, en concreto a la situación de desequilibrio financiero que surge por la existencia de un número de gastos mayores que los ingresos de los que el Estado se nutre.

Para apreciar la analizar la posible existencia de déficit público hay que atender a la clasificación económica de los Presupuestos Generales del Estado, en concreto a los Capítulos I a VII, en los que se recogen las partidas presupuestarias de gastos e ingresos; si bien, para observar cuáles son los mecanismos de financiación a utilizar en caso de desequilibrio financiero habrá que observar los capítulos VIII y IX, que se refieren a los activos financieros y a los pasivos financieros del Estado.

Así, el resultado financiero de los capítulos I a VII, esto es, la situación de déficit o superávit se reflejará en los capítulos VIII y IX en sentido inverso y, en este sentido, una situación de déficit nos llevará a la búsqueda de financiación mediante la solicitud de crédito -lo que se reflejará en el presupuesto como un ingreso- o a la venta de activos patrimoniales o financieros -lo que también se reflejará como un ingreso- o incluso, a la emisión de deuda pública mediante títulos que podrán tener la forma de letras, cuando se trate de títulos a liquidar a corto plazo o de bonos, los cuales son títulos a recuperar a más largo plazo.

Es preciso advertir que la mayoría de los Estados contempla en sus presupuestos la situación de déficit como algo perenne, habida cuenta de que a diferencia de las personas físicas o jurídicas, el Estado es perpetuo; de modo que aun cambiando los acreedores del Estado continuamnete la deuda pública no es un concepto a desaparecer. Si bien, y partiendo de esta premisa, tampoco interesa a los Estados tener una situación financiera excesivamente deficitaria pues ello produce desconfianza en los mercados y pone en peligro la inversión.

De modo sintético, podemos mencionar algunos de los mecanismos que los Estados articulan para paliar el déficit:

  1. LA EMISIÓN DE MONEDA.- Se trata de un mecanismo utilizado fundamentalmente por países con economías poco avanzadas. El peligro de este mecanismo es la inflacción que con ello se produce, no es el más recomendable por tanto. Por otro lado, en el ámbito Europeo este instrumento se encuentra muy limitado dado que los Estados Miembros de la Unión Europea han de solicitar al Banco Central Europeo la autorización para ello, siendo éste muy reacio a autorizar este tipo de operaciones.
  2. EL AUMENTO DEL GASTO PÚBLICO.- Este instrumento, aunque resulte paradójico, reactiva el consumo y por lo tanto la economía, siendo utilizado por Estados con grandes problemas de desempleo para dotar de mayor cualificación a los trabajadores a fin de dotarles de un mayor atractivo para el mercado de trabajo.
  3. AUMENTO DEL NIVEL IMPOSITIVO.- Al respecto solo podemos advertir que un aumento de los impuestos no solo reslta impopular sino que puede influir negativamente en el mercado, al disminuir la capacidad de gasto de los ciudadanos.

Por último, señalar que los presupuestos generales del Estado para este próximo año han previsto que el déficit máximo en el que pueden incurrir las Administraciones Públicas será de un 2,2% del PIB, del mismo, 1,5% representa el endeudamiento máximo permitido para la Administración de la Seguridad Social.D

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¿Es posible prohibir la entrada en el aula a los alumnos universitarios que lleguen 5 minutos tarde a clase?

El artículo 7 del Real Decreto 1791/2010, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, reconoce en su apartado c) el derecho de los estudiantes universitarios a una formación académica de calidad, que fomente la adquisición de las competencias que correspondan a los estudios elegidos e incluya conocimientos, habilidades, actitudes y valores; en particular, los valores propios de una cultura democrática y del respeto a los demás y al entorno. Por otro lado, el artículo 13.1 del citado Estatuto establece que «Los estudiantes deben asumir el compromiso de tener una presencia activa y corresponsable en la universidad, deben conocer su universidad, respetar sus Estatutos y demás normas de funcionamiento aprobadas por los procedimientos reglamentarios» y su artículo 13.2.b) contempla la obligación de todo estudiante universitario de «Respetar a los miembros de la comunidad universitaria, al personal de las entidades colaboradoras o que presenten servicios en la universidad».

Por su parte, dado que los estudiantes se encuentran en una relación de sujeción especial con respecto de la universidad en la que se encuentran matriculados, debe tenerse en cuenta, además, que el artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que los términos y plazos establecidos en las respectivas normativas obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas y a los interesados.

De lo anterior se desprende que los alumnos que decidan asistir a las clases deberán hacerlo conforme a los horarios establecidos, puesto que la asistencia a clase se configura como derecho-deber de los estudiantes que ha de ser ejercido por éstos con el máximo aprovechamiento y dedicación. En consecuencia, los estudiantes, en su condición de administrados sujetos a la citada normativa, cuando participen en las actividades programadas para la docencia, sean del carácter que sean, deberán respetar los términos y plazos establecidos en el artículo citado 47 LRJPAC y por tanto, los docentes, velando por el interés general de la clase, podrán optar por prohibir a los alumnos la entrada a clase transcurrido el periodo de cortesía que suele dejarse para permitir a los alumnos y profesores el cambio de aula, acudir al aseo, etc.

Examinada la normativa de distintas Universidades españolas, nos encontramos con la ausencia de regulación en este sentido, de manera que en relación con la afirmación anterior y de conformidad con lo dispuesto en Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) que reconoce la autonomía de las Universidades para el ejercicio y desarrollo de sus funciones, comprendiendo esta autonomía la capacidad de las Universidades de dotarse de una normativa y régimen de funcionamiento propios a través de la aprobación de sus respectivos Estatutos y otras normas de régimen interno y, atendiendo al contenido de las normas anteriormente citadas, se atisba necesaria la creación por cada una de las Universidades de una regulación sobre esta materia.

El «feeling» de las sanciones disciplinarias con las sanciones administrativas y penales

      Tradicionalmente se ha mantenido que en el ámbito de interno de las entidades sometidas al Derecho Público, -Administraciones Públicas Territoriales, Corporaciones Profesionales, Universidades, etc- no opera el principio recogido en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, que prohíbe la sanción de «hechos que ya hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento». Sin embargo esto no es cierto. El principio non bis in idem se ve conculcado de la misma manera en cualquier tipo de procedimiento sancionador cuando concurra la triple identidad de sujeto, hechos y fundamento. El fundamento de aquella afirmación radicaba en la confusión que provocaba a la doctrina observar cómo se  permitía que un mismo sujeto fuera sancionado con un doble castigo por unos mismos hechos. Si bien, como veremos, la compatibilidad del ejercicio de la potestad disciplinaria junto a otro tipo de potestades sancionadoras no supone una excepción al non bis in idem, pues no surge porque se exima a este tipo de entidades del cumplimiento de este principio, sino porque el fundamento que justifica la imposición de una sanción disciplinaria es distinto del que existe en el Derecho penal y en el Derecho Administrativo sancionador.

               De esta manera, el fundamento de la potestad disciplinaria en el ámbito de los Colegios Profesionales, las Universidades, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc., puede inferirse de la obligación de éstas entidades de velar por el respeto por parte de sus miembros a sus propias normas y a sus particulares fines, mientras que en los otros casos dicho fundamento lo encontramos en la potestad punitiva del Estado como garante de los valores y los principios básicos de la convivencia social[1].

          Por este motivo, en ocasiones la potestad disciplinaria incluso se vincula al orden penal como una especie de consecuencia accesoria. Así, en la mayoría de los reglamentos disciplinarios de las referidas entidades se prevé que cuando se tenga conocimiento de que se está tramitando un procedimiento penal por unos hechos que pudieran constituir a su vez infracción disciplinaria se procederá a abrir el correspondiente expediente disciplinario para la inmediata suspensión de su tramitación hasta que recaiga resolución judicial penal firme, momento en el que se reanudará, teniendo en cuenta para su resolución que los hechos probados por la resolución judicial penal son vinculantes.

        Por otro lado, los citados reglamentos también exigen a los responsables de tramitar un determinado procedimiento disciplinario, que si estiman que los hechos fundamento del expediente disciplinario pudieran ser objeto de un ilícito penal deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento y manteniendo, en su caso, las medidas de carácter provisional que hubieran resultado necesarias para asegurar la eficacia del procedimiento.

       No obstante lo anterior, el Catedrático de Derecho Administrativo D. Manuel  Rebollo Puig[2]  nos recuerda que el respeto al principio non bis in idem debe mantenerse en el seno de cada Derecho disciplinario, no pudiendo imponerse dos sanciones disciplinarias al mismo sujeto, por unos mismos hechos y por idéntico fundamento. Sobre esta circunstancia, cita la STC 188/2005, de 7 de julio, que declara inconstitucional el artículo 27.3.j. de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tipificaba como falta disciplinaria muy grave el «haber sido sancionado por la comisión de tres o más faltas graves en el periodo de un año». El fundamento de la inconstitucionalidad de este precepto, tal y como dijera la STC referenciada, es, por un lado, el doble castigo al que se somete la realización de unos mismos hechos, al haber sido sancionados previamente por su carácter grave y de nuevo con carácter muy grave, y, por otro, la identidad de fundamento con la que se imponía la sanción. Por tanto, tal y como afirma el TC en la meritada Sentencia, el haber sido sancionado por la comisión de tres o más faltas graves en el periodo de un año (FJ. 6):

  «resulta contrario a la garantía que representa el principio non bis in idem en su vertiente material o sustantiva, en la medida en que mediante dicho precepto se posibilita la duplicidad en el castigo a un determinado sujeto mediante la imposición de una doble sanción disciplinaria por la realización de unos mismos hechos, teniendo dichas sanciones un mismo fundamento. Y, dado que para la imposición de la sanción por la infracción muy grave tipificada en el precepto es necesario seguir un nuevo procedimiento disciplinario distinto a los cumplimentados para la imposición de cada una de las (…) sanciones por la comisión de las (…) faltas graves que integran el tipo cuestionado, existiendo entre ellas (…) una triple identidad de sujeto, hechos y fundamento, la aplicación de dicho precepto implicaría también una lesión del principio non bis in idem, pero esta vez desde la perspectiva formal, procesal o, si se quiere, más correctamente, procedimental».

        Así las cosas, puede concluirse que la imposición de una sanción disciplinaria en el ámbito de interno de las distintas entidades sometidas a Derecho Público es compatible con cualquier otro tipo de sanción, sin que se produzca la conculcación del principio non bis in idem, siempre y cuando que las sanciones concurrentes sobre un mismo sujeto por unos mismos hechos tengan un fundamento y finalidad distintas, esto es, que provengan del ejercicio de distinto tipo de potestades.


[1] Vid. Exposición de Motivos Ley Orgánica, 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

[2] REBOLLO PUIG, M. “En especial, el principio non bis in idem en sanciones disciplinarias”. Derecho Administrativo Sancionador, REBOLLO PUIG, IZQUIERDO CARRASCO…, ed. LEXNOVA, Valladolid, 2010, p. 424 y ss.

La “novedosa” Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

    transparencia Con fecha de 10 de diciembre de 2013 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta Ley, por muchos anunciada y por otros tantos esperada, se aprueba como respuesta a las más que razonadas peticiones, por parte de la ciudadanía, de que se crearan los mecanismos necesarios para facilitar el conocimiento a los ciudadanos de las actividades financieras de las Administraciones Públicas, de sus órganos de gobierno, de los partidos políticos y de todas aquellas estructuras y entidades financiadas en todo, o en parte, con dinero público. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. El propio preámbulo de esta nueva Ley determina las metas y los objetivos con que ha sido aprobada, haciendo hincapié en el triple alcance que la misma pretende afrontar. Por un lado, -explica el preámbulo- esta Ley «incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública». Por otro lado, «reconoce y garantiza el acceso a la información» y por último «establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento».

Grandes pretensiones. Cuatro páginas y media de justificaciones. Tres Títulos: Transparencia de la actividad pública y buen gobierno. Y, cómo no, la creación de una nueva estructura repleta Consejeros (personas que dan consejos) que integrarán el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ocho disposiciones adicionales y nueve finales. Et voilá.

     Muchas dudas. Otros tantos nuevos cargos. ¿Y sus retribuciones? Nuevas estructuras. Más descentralización de competencias. El nuevo procedimiento administrativo para EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Un nuevo procedimiento disciplinario.

         Y todo esto… ¿en cuánto tiempo?

       En la Disposición Final Novena se establece un plazo escalonado, asimétrico y nada claro sobre su entrada en vigor. Así, se prevé que las disposiciones recogidas en su Título II sobre el “Buen gobierno” entrarían en vigor al día siguiente de su publicación. O sea, el miércoles 11 de diciembre de 2013. Y, su título preliminar, el título I y el título III al año de su publicación. Asimismo, en esta misma disposición se establece un plazo de dos años para que los órganos de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales se adapten a las obligaciones contenidas en la Ley.

         Lo primero que llama la atención y, lo reconozco, en sentido positivo, es el amplio ámbito subjetivo al que es aplicable el Título I de la Ley que afecta, entre otros, a las Administraciones Públicas territoriales del Estado, sus organismos autónomos, agencias, corporaciones de Derecho Público,  la Casa de su Majestad el Rey, todos los órganos de representación política del Estado, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, Universidades Públicas y otras entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, fundaciones del sector público etc. Y el golpe de efecto. Las disposiciones de este primer título, que recuerdo se denomina “transparencia de la actividad pública”, también deberán ser observadas por los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y por aquellas entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 €. Sin embargo, este extenso ámbito subjetivo va disminuyendo conforme se va avanzando en los títulos.

       Son muchas las cuestiones aparentemente novedosas que podemos encontrar en la cuarentena de artículos y en el puñado de disposiciones que conforman esta Ley y, serán muchas las ocasiones en las que tendremos la necesidad de acudir a ellas, para su estudio y/o invocación. Si bien, siendo fiel a la línea que este blog pretende marcar, es de recibo que en sucesivas entradas se aborden cuestiones tales como el procedimiento establecido en esta Ley para el ejercicio del derecho de acceso por los ciudadanos a la información pública y el particular régimen de impugnaciones, el Law Appeals, recogido en su artículo 23.