Garantías para empresarios y trabajadores en el ámbito de la Seguridad Social. Las impugnaciones en vía administrativa y ante la jurisdicción… ¿social o contenciosa?

La Administración de la Seguridad Social se relaciona con los empresarios y trabajadores fundamentalmente a través de su servicio común de la Tesorería General de la Seguridad Social (en materias tales como los actos de encuadramiento, cotización y recaudación de cuotas) y de sus entidades gestoras, principalmente, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en relación con el reconocimiento, gestión y pago de las prestaciones). Al tratarse de administraciones públicas con carácter de organismos autónomos sui generis deben ajustar sus normas de actuación a los procedimientos establecidos en la normativa específica así como a los requisitos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).

Como garantía del cumplimiento de las citadas exigencias se articulan para los interesados los típicos medios de impugnación de los actos y resoluciones dictados por dichas entidades, pero también, otros específicos. En este sentido, el propio artículo 129 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, remite a la LPAC en relación con la “tramitación de las prestaciones y demás actos en materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, que no tengan carácter recaudatorio o sancionador (…) con las especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a impugnación y revisión de oficio, así como con las establecidas en este capítulo o en otras disposiciones que resulten de aplicación).

Una particularidad que la Administración de la Seguridad Social presenta en cuanto a la impugnación de dichos actos para agotar la vía administrativa previa antes de proceder a la reclamación judicial es que deberá realizarse por distintas vías en función de si el acto objeto de impugnación va a ser conocido por la jurisdicción contenciosa o la social:

En primer supuesto -vía contenciosa-, en caso de no haberse agotado la vía administrativa podremos remitirnos a los recursos ordinarios previstos en la LPAC (alzada, potestativo de reposición o extraordinario de revisión) sin perjuicio de que su desestimación expresa o tácita nos abra la puerta a la vía contenciosa. Agotada la vía contenciosa cabe recurrir directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En el segundo supuesto -vía social- debemos distinguir si se trata de actos prestacionales o no. En caso de que sean prestacionales, será preciso interponer una reclamación administrativa previa ante la entidad gestora que hubiera dictado el acto (ex. art. 71 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, el cual circunscribe este instrumento únicamente a los actos prestacionales) y, en caso de desestimación de la misma podrá interponerse la demanda correspondiente ante el juzgado de lo social competente; si bien, el resto de actos con contenido no prestacional sí exigen la utilización de los recursos administrativos ordinarios, sin perjuicio de que tras la eventual desestimación puedan ser objeto de impugnación ante la jurisdicción social.

 

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El déficit público y su financiación para “Dummies”

Cuando hablamos de déficit público nos referirnos a la situación económica de un Estado en relación con sus gastos e ingresos, en concreto a la situación de desequilibrio financiero que surge por la existencia de un número de gastos mayores que los ingresos de los que el Estado se nutre.

Para apreciar la analizar la posible existencia de déficit público hay que atender a la clasificación económica de los Presupuestos Generales del Estado, en concreto a los Capítulos I a VII, en los que se recogen las partidas presupuestarias de gastos e ingresos; si bien, para observar cuáles son los mecanismos de financiación a utilizar en caso de desequilibrio financiero habrá que observar los capítulos VIII y IX, que se refieren a los activos financieros y a los pasivos financieros del Estado.

Así, el resultado financiero de los capítulos I a VII, esto es, la situación de déficit o superávit se reflejará en los capítulos VIII y IX en sentido inverso y, en este sentido, una situación de déficit nos llevará a la búsqueda de financiación mediante la solicitud de crédito -lo que se reflejará en el presupuesto como un ingreso- o a la venta de activos patrimoniales o financieros -lo que también se reflejará como un ingreso- o incluso, a la emisión de deuda pública mediante títulos que podrán tener la forma de letras, cuando se trate de títulos a liquidar a corto plazo o de bonos, los cuales son títulos a recuperar a más largo plazo.

Es preciso advertir que la mayoría de los Estados contempla en sus presupuestos la situación de déficit como algo perenne, habida cuenta de que a diferencia de las personas físicas o jurídicas, el Estado es perpetuo; de modo que aun cambiando los acreedores del Estado continuamnete la deuda pública no es un concepto a desaparecer. Si bien, y partiendo de esta premisa, tampoco interesa a los Estados tener una situación financiera excesivamente deficitaria pues ello produce desconfianza en los mercados y pone en peligro la inversión.

De modo sintético, podemos mencionar algunos de los mecanismos que los Estados articulan para paliar el déficit:

  1. LA EMISIÓN DE MONEDA.- Se trata de un mecanismo utilizado fundamentalmente por países con economías poco avanzadas. El peligro de este mecanismo es la inflacción que con ello se produce, no es el más recomendable por tanto. Por otro lado, en el ámbito Europeo este instrumento se encuentra muy limitado dado que los Estados Miembros de la Unión Europea han de solicitar al Banco Central Europeo la autorización para ello, siendo éste muy reacio a autorizar este tipo de operaciones.
  2. EL AUMENTO DEL GASTO PÚBLICO.- Este instrumento, aunque resulte paradójico, reactiva el consumo y por lo tanto la economía, siendo utilizado por Estados con grandes problemas de desempleo para dotar de mayor cualificación a los trabajadores a fin de dotarles de un mayor atractivo para el mercado de trabajo.
  3. AUMENTO DEL NIVEL IMPOSITIVO.- Al respecto solo podemos advertir que un aumento de los impuestos no solo reslta impopular sino que puede influir negativamente en el mercado, al disminuir la capacidad de gasto de los ciudadanos.

Por último, señalar que los presupuestos generales del Estado para este próximo año han previsto que el déficit máximo en el que pueden incurrir las Administraciones Públicas será de un 2,2% del PIB, del mismo, 1,5% representa el endeudamiento máximo permitido para la Administración de la Seguridad Social.D