Garantías para empresarios y trabajadores en el ámbito de la Seguridad Social. Las impugnaciones en vía administrativa y ante la jurisdicción… ¿social o contenciosa?

La Administración de la Seguridad Social se relaciona con los empresarios y trabajadores fundamentalmente a través de su servicio común de la Tesorería General de la Seguridad Social (en materias tales como los actos de encuadramiento, cotización y recaudación de cuotas) y de sus entidades gestoras, principalmente, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en relación con el reconocimiento, gestión y pago de las prestaciones). Al tratarse de administraciones públicas con carácter de organismos autónomos sui generis deben ajustar sus normas de actuación a los procedimientos establecidos en la normativa específica así como a los requisitos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).

Como garantía del cumplimiento de las citadas exigencias se articulan para los interesados los típicos medios de impugnación de los actos y resoluciones dictados por dichas entidades, pero también, otros específicos. En este sentido, el propio artículo 129 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, remite a la LPAC en relación con la “tramitación de las prestaciones y demás actos en materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, que no tengan carácter recaudatorio o sancionador (…) con las especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a impugnación y revisión de oficio, así como con las establecidas en este capítulo o en otras disposiciones que resulten de aplicación).

Una particularidad que la Administración de la Seguridad Social presenta en cuanto a la impugnación de dichos actos para agotar la vía administrativa previa antes de proceder a la reclamación judicial es que deberá realizarse por distintas vías en función de si el acto objeto de impugnación va a ser conocido por la jurisdicción contenciosa o la social:

En primer supuesto -vía contenciosa-, en caso de no haberse agotado la vía administrativa podremos remitirnos a los recursos ordinarios previstos en la LPAC (alzada, potestativo de reposición o extraordinario de revisión) sin perjuicio de que su desestimación expresa o tácita nos abra la puerta a la vía contenciosa. Agotada la vía contenciosa cabe recurrir directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En el segundo supuesto -vía social- debemos distinguir si se trata de actos prestacionales o no. En caso de que sean prestacionales, será preciso interponer una reclamación administrativa previa ante la entidad gestora que hubiera dictado el acto (ex. art. 71 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, el cual circunscribe este instrumento únicamente a los actos prestacionales) y, en caso de desestimación de la misma podrá interponerse la demanda correspondiente ante el juzgado de lo social competente; si bien, el resto de actos con contenido no prestacional sí exigen la utilización de los recursos administrativos ordinarios, sin perjuicio de que tras la eventual desestimación puedan ser objeto de impugnación ante la jurisdicción social.

 

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El déficit público y su financiación para “Dummies”

Cuando hablamos de déficit público nos referirnos a la situación económica de un Estado en relación con sus gastos e ingresos, en concreto a la situación de desequilibrio financiero que surge por la existencia de un número de gastos mayores que los ingresos de los que el Estado se nutre.

Para apreciar la analizar la posible existencia de déficit público hay que atender a la clasificación económica de los Presupuestos Generales del Estado, en concreto a los Capítulos I a VII, en los que se recogen las partidas presupuestarias de gastos e ingresos; si bien, para observar cuáles son los mecanismos de financiación a utilizar en caso de desequilibrio financiero habrá que observar los capítulos VIII y IX, que se refieren a los activos financieros y a los pasivos financieros del Estado.

Así, el resultado financiero de los capítulos I a VII, esto es, la situación de déficit o superávit se reflejará en los capítulos VIII y IX en sentido inverso y, en este sentido, una situación de déficit nos llevará a la búsqueda de financiación mediante la solicitud de crédito -lo que se reflejará en el presupuesto como un ingreso- o a la venta de activos patrimoniales o financieros -lo que también se reflejará como un ingreso- o incluso, a la emisión de deuda pública mediante títulos que podrán tener la forma de letras, cuando se trate de títulos a liquidar a corto plazo o de bonos, los cuales son títulos a recuperar a más largo plazo.

Es preciso advertir que la mayoría de los Estados contempla en sus presupuestos la situación de déficit como algo perenne, habida cuenta de que a diferencia de las personas físicas o jurídicas, el Estado es perpetuo; de modo que aun cambiando los acreedores del Estado continuamnete la deuda pública no es un concepto a desaparecer. Si bien, y partiendo de esta premisa, tampoco interesa a los Estados tener una situación financiera excesivamente deficitaria pues ello produce desconfianza en los mercados y pone en peligro la inversión.

De modo sintético, podemos mencionar algunos de los mecanismos que los Estados articulan para paliar el déficit:

  1. LA EMISIÓN DE MONEDA.- Se trata de un mecanismo utilizado fundamentalmente por países con economías poco avanzadas. El peligro de este mecanismo es la inflacción que con ello se produce, no es el más recomendable por tanto. Por otro lado, en el ámbito Europeo este instrumento se encuentra muy limitado dado que los Estados Miembros de la Unión Europea han de solicitar al Banco Central Europeo la autorización para ello, siendo éste muy reacio a autorizar este tipo de operaciones.
  2. EL AUMENTO DEL GASTO PÚBLICO.- Este instrumento, aunque resulte paradójico, reactiva el consumo y por lo tanto la economía, siendo utilizado por Estados con grandes problemas de desempleo para dotar de mayor cualificación a los trabajadores a fin de dotarles de un mayor atractivo para el mercado de trabajo.
  3. AUMENTO DEL NIVEL IMPOSITIVO.- Al respecto solo podemos advertir que un aumento de los impuestos no solo reslta impopular sino que puede influir negativamente en el mercado, al disminuir la capacidad de gasto de los ciudadanos.

Por último, señalar que los presupuestos generales del Estado para este próximo año han previsto que el déficit máximo en el que pueden incurrir las Administraciones Públicas será de un 2,2% del PIB, del mismo, 1,5% representa el endeudamiento máximo permitido para la Administración de la Seguridad Social.D

OTROS ASUNTILLOS II. EL TÍO GILITO FALLECIÓ SIN TESTAMENTO NI DESCENDENCIA, ¿SUS SOBRINOS HEREDARÁN SU FORTUNA?

Situación común en los conflictos sobre herencias. La única capaz de enfrentar a los adorables sobrinos del despistado Tío Gilito. Pato soltero, sin hijos y ricachón, que al morir deja una sustanciosa cantidad de dinero e inmuebles, sin dejar herencia o legado a favor de nadie.

Estamos ante un supuesto de sucesión intestada (la que se produce cuando uno muere sin testamento o bien, aun habiéndolo realizado, concurre alguno de los supuestos recogidos en el artículo 912 del Código Civil). En estos casos, el Código Civil llama a heredar al difunto: 1º A los parientes hasta cierto grado; 2º Al cónyuge viudo; 3º Al Estado.

Entre los parientes, no son llamadas a suceder todas las personas que ostentan dicha condición, sino sólo aquéllas que estén en el grado más próximo. De manera que el grado más próximo excluye al más lejano. Así, fallecido el Tío Gilito, las primeras personas llamadas a heredar serán sus padres, sus parientes más directos y de primer grado. A falta de éstos, heredarían sus hermanos, pues son el siguiente grado más cercano (parientes de segundo grado) y sólo en el caso de que los hermanos del Tío Gilito no heredaran (bien porque hubieran fallecido o bien porque rechazaran la herencia) sus sobrinos serían llamados a heredar, como parientes de tercer grado.

Sin embargo, podría suceder que los sobrinos no fueran los únicos parientes de tercer grado del fallecido, ya que si viviera todavía un tío del propio Tío Gilito, éste también tendría derecho a una parte de la herencia, pues es un pariente de tercer grado. En este caso, la fortuna tendría que repartirse entre los sobrinos y el tío del Tío Gilito a partes iguales.

No obstante lo anterior, en ciertos supuestos concretos, los sobrinos del Tío Gilito tendrían preferencia a la hora de heredar con respecto del tío del Tío Gilito. Esto ocurriría cuando los sobrinos heredaran no por derecho propio como parientes de tercer grado sino por derecho de representación de su padre o madre (pariente de segundo grado del Tío). Esto sucede cuando alguno de los otros hermanos del Tío Gilito viviera y/o el padre de los sobrinos del Tío Gilito hubiera fallecido, hubiera rechazado su herencia o no fuera capaz de heredar por cualquier circunstancia. En este caso, la cantidad de herencia que correspondería a los sobrinos sería la que hubiera corresponScrooge McDuckdido a su padre y sería repartida entre éstos a partes iguales.

LA INCIDENCIA DEL COMPLIANCE EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS

Para el cumplimiento de los objetivos para Europa 2020 promovidos por la Comisión Europea, los Estados Miembros de la UE tienen la responsabilidad de promover políticas dirigidas a la implementación del empleo, la investigación y el desarrollo, el cambio climático y la sostenibilidad energética, la educación y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Objetivos, que si asimiláramos la Unión Europea a una empresa privada, constituirían la esencia de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y cuya materialización permitiría considerar a la UE como ERS (Empresa Socialmente Responsable) o, en términos más específicos, una CRS (Comunidad Socialmente Responsable).

Pero más allá de trabalenguas conceptuales que sin una actividad real que los ampare no llevan a ningún sitio, el objetivo de esta entrada es analizar la importancia del compliance para una empresa a la hora de participar en las licitaciones promovidas por las Administraciones Públicas.

El compliance, para los legos en estos anglicismos, tal y como explica el Profesor D. Antonio Argadoña, constituye «un instrumento» al servicio de la empresa para logar los objetivos de la responsabilidad social adquirida por la misma. Su traducción al castellano es «cumplimiento regulatorio» y lo conforman las estrategias y medidas concretas que se adoptan para ello.

En este sentido y en la misma línea que la defendida por @EnekoDelgado en el #VCongresoIAB, la figura del abogado in house perteneciente al departamento de cumplimiento regulatorio (Legal Compliance) muestra su cara más amable, ofreciendo soluciones preventivas a través de buenas prácticas y medidas concretas tendentes a evitar incumplimientos legislativos en materia fiscal, socio-laboral, medio-ambiental, humanitaria, digital, etc. Lo que, en definitiva, no sólo incide en su reputación sino también en su consolidación en el mercado como ESR, preocupada y comprometida con la sociedad.      

Cuando en el año 2004 fueron aprobadas las Directivas comunitarias en materia de contratación pública, recientemente derogadas por la Directiva 2014/23/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión; la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación de entidades que operan en los sectores del agua, la energía, transportes y los servicios postales, fue la primera vez que en normas sobre contratación pública fue recogida la cláusula social como requisito que podían exigir las entidades contratantes para la adjudicación de sus contratos.  El concepto de cláusula social, al principio identificado únicamente como un criterio de carácter medio ambiental, ha sido fruto de una constante evolución gracias a la jurisprudencia del TJUE cada vez más a favor de su ampliación conceptual y a la reciente tendencia de algunas entidades públicas de utilizar las cláusulas sociales como instrumento para el fomento de sus políticas públicas.

Como consecuencia, cada vez son más los pliegos que exigen a las empresas licitadoras que cuenten con planes de empresa y/o con medidas para la ejecución de los contratos objeto de adjudicación, dirigidas a proteger a las personas en riesgo de exclusión social, a garantizar el respeto de los Derechos Humanos por todas las partes que pudieran intervenir en los procesos de producción, al establecimiento de planes de igualdad en el seno de la empresa, a fomentar la transparencia y el cumplimiento con sus obligaciones tributarias, etc. Es decir, medidas que cualquier empresa que cuente con un buen Legal Compliance ya ha adoptado y que por lo tanto, no constituyen para la empresa licitadora una carga o un esfuerzo añadido a la hora de concurrir a las licitaciones, sino todo lo contrario, aportan un valor añadido a sus propuestas y son la clave del éxito para su adjudicación.

OLVIDAD EL DERECHO AL OLVIDO – La Audiencia Pública del Consejo Asesor de Google en España

Ayer se celebró en la Casa de América (Madrid), la primera Audiencia Pública del Consejo Asesor de Google, donde un grupo de expertos españoles pudieron expresar al Consejo sus opiniones y propuestas acerca del alcance y efectos de la Sentencia de 13 de mayo de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se determinó la responsabilidad de los «buscadores» en relación con el tratamiento de los datos reflejados en los enlaces que aparecen en sus páginas al introducir el nombre y apellidos de una determinada persona y de su obligación de adoptar los procedimientos oportunos para garantizar «el derecho al olvido».

La controversia: Elemental. Intereses particulares vs. intereses generales. Derecho a la privacidad vs. derecho a la información.

La solución: Compleja. Lograr el justo equilibrio en la protección del interés legítimo de los internautas y los derechos fundamentales de la persona afectada.

Y es que tras el fallo, los buscadores asumieron la obligación de atender las solicitudes de quienes piden que determinados enlaces vinculados a su nombre y apellidos en una lista de resultados, no aparezcan en los mismos; lo que los buscadores deberán resolver teniendo en cuenta la naturaleza de la información, el carácter sensible para la persona afectada y el interés público de disponer de esa información.

Pero, ¡atención!, no debe pasarse por alto que la desaparición del enlace en el buscador no supone la desaparición de la información en la red, puesto que la misma se mantiene en las fuentes. Por tanto, los verdaderamente interesados en la información retirada de los buscadores, cuyo interés, definitivamente, va más allá del «gossip», podrán seguir accediendo a dicha información sólo con acceder a las fuentes. Sí, ha de reconocerse que de este modo se dificulta el acceso inmediato a determinados contenidos, pero no es más que eso: se dificulta el acceso INMEDIATO a determinados contenidos.

No creo que la aplicación de la Sentencia choque contra el principio de transparencia ni que limite el derecho a la información y a la libertad de expresión o que suponga un control excesivo de la información. Y, por supuesto, tampoco creo que la eliminación de estos enlaces pueda provocar una distorsión de la historia, tal y como ayer fue afirmado por alguno de los expertos. Y así lo creo, por un lado, porque el sentido de la Sentencia y el marco jurídico en el que ésta se fundamenta están orientados, primordialmente, a la protección de información sensible e irrelevante para terceros de las personas privadas, como demostrará la casuística. Se trata de una información que, por razones concretas, carece de la calidad suficiente como para que pueda prevalecer el interés general sobre el derecho a la privacidad del particular anónimo y por lo tanto, ninguno de los derechos anteriores podrá verse conculcado. Por otro, porque en la Sentencia y en la normativa actual existen criterios para determinar la prevalencia de un interés sobre otro y, sobretodo, porque ante un eventual caso de “interesado insatisfecho”, tal y como apuntaba ayer el Magistrado Murillo de la Cueva, el/los afectado/s podrá/n acudir a la Agencia Española de Protección de Datos y posteriormente a los Tribunales en defensa de su supuesto derecho afectado.

Se habló, entre otros asuntos, sobre la dificultad que entraña determinar la calidad de los datos; sobre el papel de los editores, destacando la falta de alusión en la Sentencia a los mismos; sobre las consecuencias de la cancelación de los enlaces en relación con el derecho a mantener la información y sobre la necesidad de crear una normativa específica para los buscadores. Se hizo hincapié en la falta de consideración en la Sentencia a los diferentes agentes y en el hecho de haber dotado al buscador de un poder inadecuado, teniendo en cuenta su naturaleza y sus propios (y legítimos) intereses empresariales.

En cuanto a la finalidad última de la Audiencia Pública, que es, ayudar al Consejo Asesor de Google a encontrar los criterios adecuados para resolver las solicitudes de supresión de enlaces garantizando el justo equilibrio entre los intereses de unos y otros, hubo alguna propuesta concreta. Por ejemplo, uno de los ponentes propuso a Google que ofrezca a quienes ejercen su derecho a la supresión del enlace una solución consensuada que consistiría en el traslado del enlace a páginas posteriores, de manera de que Google pudiera ejercer su actividad de forma menos lesiva y el interesado viera satisfecha su pretensión de no verse ni ser visto en las primeras páginas del buscador y, otro, propuso la creación una organización de cooperación entre los buscadores y las agencias estatales de protección de datos personales, que pudiera garantizar el justo equilibrio y la objetividad de las decisiones de supresión de los enlaces.

Por último, señalar que mi sensación tras la Audiencia de ayer es que la expresión «derecho al olvido» no me gusta. No se trata de olvidar sino de dificultar el acceso incondicionado a informaciones irrelevantes y obsoletas de las personas privadas.

Otros Asuntillos I: “Nuevas tendencias para los abogados in house: Auditorías de Derechos Humanos”

Nuevas tendencias para los abogados in house: Auditorías de Derechos Humanos

        Hace ya casi medio siglo que los primeros autores extranjeros comenzaron a hablar sobre la necesidad de renovar el concepto de auditoría, no siendo hasta los principios de los años noventa cuando nuestro país empezó a hacerse eco de aquellas tendencias. El concepto de auditoría evolucionó a través de la ampliación y diversificación su objeto. De un único tipo de auditoría –la auditoría financiera-, basado en el análisis de la gestión económica de las empresas, surgieron otros, como las auditorías estratégicas, auditorías socio-laborales, auditorías legales e incluso las auditorías de responsabilidad social corporativa (en adelante RSC).

     Consecuencia de la constante evolución de la economía global, hoy en día las grandes empresas buscan implementar sus nuevos proyectos en el ámbito internacional a través de relaciones inter-empresariales, lo que inevitablemente conlleva la convergencia de diversos ordenamientos jurídicos y la necesaria aplicación del Derecho Internacional para arbitrar sus relaciones.

     En este contexto, John Ruggie, en el año 2011 presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas un informe denominado «Principios Rectores sobre empresas y los derechos humanos: puesta en práctica en el marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar». Los que popularmente han pasado a denominarse «Principios Ruggie». El cumplimiento estricto de estos principios, no sólo por las grandes compañías sino también en las PYMES –que cada vez más tienden a la internacionalización de sus relaciones-, garantizará que tanto las actividades realizadas por las empresas ad intra como las realizadas con la participación de otras empresas se desarrollen con las garantías mínimas de humanidad.

        Distintos sectores de la abogacía nacional e internacional se han propuesto dar a conocer estos principios, con el objetivo de afianzar en el seno de las políticas de responsabilidad corporativa de todas las empresas el cumplimiento de los Derechos Humanos en todas sus manifestaciones. Sobre la incidencia de las actuaciones de los abogados en la sostenibilidad de la empresa en materia de DDHH, resulta especialmente interesante la aportación realizada por POMBO MORALES, C. y OVEJERO PUENTE, A.M[1] en cuanto a las nuevas responsabilidades del abogado in house. Señalan que, los abogados deberían centrar una parte de su actividad en incentivar que en las acciones de RSC de la empresa se integre la gestión de los Derechos Humanos; y ello lo conseguirán «(…) si en cada una de las decisiones empresariales que deben adoptarse, ya sean organizativas, estratégicas, laborales, estructurales, o de expansión, se incorpora una visión que supere los límites de las legislaciones nacionales y de los distintos niveles de implementación nacional de los Tratados, y se aplican en la acción mercantil de la empresa criterios internacionales de equidad y dignidad, basados en el respeto a los Derechos Humanos (…)».

    Así las cosas, estamos en los albores de nuevo tipo de auditoría –lamentablemente voluntaria-: la auditoría de Derechos Humanos. Una auditoría que, por su naturaleza, sólo debería poder ser realizada por abogados expertos en Derechos Humanos; cuyos principios son meridianamente claros y están perfectamente definidos; y cuya aplicación práctica (esperemos que más pronto que tarde) garantizará un modelo de negocio comprometido y defensor de los Derechos Humanos.

                  

[1] OVEJERO PUENTE, A.M. y POMBO MORALES,  “Capítulo 24. Derechos Humanos y Empresas. El papel de los abogados de empresa”, en AAVV. España y la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos: Oportunidades y Desafíos (extracto proporcionado por la FUNDACIÓN FERNANDO POMBO), 2014

 

A propósito de la Ley de Transparencia. Optimismo y Ley de las Reparaciones

Habiendo cumplido ya los tres meses, llegan por fin las primeras noticias sobre la puesta en marcha de las medidas y procedimientos que aparecen en la Ley de 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  De momento, a principios de mes se ha firmado un acuerdo entre los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) y el Ministerio de la Presidencia para el «desarrollo y el impulso del Portal de la Transparencia» que, recordamos, se pretende establecer como un único punto de acceso en el que los ciudadanos podrán consultar por un lado, toda la información sobre la que, de acuerdo con la citada Ley, exista la obligación de publicidad activa y, por otro, aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. El objeto de ésta última es algo confuso. Estamos a la espera de conocer los órganos competentes para determinar su publicidad y los valores y mecanismos para determinar qué información se solicita con mayor asiduidad que otra.

                De acuerdo con la nota de prensa comunicada por la Secretaría de Prensa del MINHAP «El objetivo del Gobierno es que [con la Ley de Transparencia] se dé (sic) completa respuesta a las demandas del ciudadano y se cumpla con el objetivo de proporcionar un caudal amplio de esta información a los usuarios (…) ». Pero no nos engañemos, junto a las aparentes buenas prácticas e intenciones de la citada Ley coexiste un escepticismo generalizado con respecto de su eficacia. Lo que, en mi modesta opinión, está plenamente justificado habida cuenta de que el Capítulo II, en el que se recogen las materias que serán objeto de publicidad activa se encuentra inmediatamente acotado por el capítulo siguiente, en el que se establecen, ex. art. 14, un número importante de límites al Derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública que permitirán a las Administraciones Públicas restringir este derecho haciendo uso de sus potestades discrecionales.

El «frasólogo» González Moore, J. decía que «el optimismo soluciona la mitad del problema». De modo que, ante estos desoladores augurios sobre a aplicación discrecional de los límites al derecho de acceso, debemos echar mano del optimismo y la aplicación de la «Ley de las reparaciones» (en virtud de la cual, si algo no se ha roto no se podrá arreglar) y esperar a que sea la doctrina jurisprudencial la que marque las pautas y normas para la restricción de este derecho.